2.1 LEY DE DEPENDENCIA EN ESPAÑA
La dependencia, según la Ley 39/2006, se define como un estado permanente donde factores relacionados con la edad, enfermedad o discapacidad llevan a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Este fenómeno se asocia con síndromes geriátricos como inmovilidad, inestabilidad, incontinencia y deterioro cognitivo. La detección temprana y el abordaje son cruciales, ya que sin intervención, pueden evolucionar hacia fragilidad, dependencia y, en última instancia, la muerte. Por ende, estas personas necesitan asistencia para las actividades diarias.
La Ley de Dependencia se basa en principios fundamentales como:
• Prestaciones de carácter público.
• Universalidad en el acceso, asegurando igualdad y no discriminación.
• La atención integral e integrada.
• Políticas de atención transversales (considerando no solo aspectos específicos de la salud, sino también factores sociales y/o económicos).
• Se consideran criterios equitativos para asegurar la igualdad.
• Atención adaptada a cada persona, teniendo en cuenta la situación de aquellos que enfrentan mayor discriminación.
• Establecer medidas de prevención, rehabilitación y estímulo social y mental.
• Promover condiciones para que los dependientes vivan con autonomía.
• Buscar la permanencia en el entorno habitual siempre que sea posible.
• Priorizar la calidad, sostenibilidad y accesibilidad de los servicios.
• Fomentar la participación de las personas dependientes y sus representantes.
• Colaborar entre servicios sociales y sanitarios en la prestación de servicios.
• Participación e involucramiento de la iniciativa privada en servicios de autonomía y atención a la dependencia (tercer sector).
• Cooperación interadministrativa.
• Incorporación de los servicios en las redes sociales de las Autonomías.
• Integrar la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres.
• Prioridad en la atención de personas en situación de gran dependencia.
La Ley, guiada por los principios de universalidad, igualdad y solidaridad, tiene como objetivo proporcionar servicios de calidad que se centren en las necesidades individuales de cada persona en situación de dependencia. La clasificación de la dependencia, en línea con los principios de la Ley, se divide en tres grados según el nivel de ayuda necesario para realizar las actividades básicas de la vida diaria. Este enfoque busca activamente la participación de las personas y sus familias en la toma de decisiones, promoviendo así la autonomía y el empoderamiento.
Los grados de dependencia son:
• Moderada o grado I: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal.
• Severa o grado II: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, pero no quiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
• Gran dependencia o grado III: cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal.
El proceso para determinar el grado de dependencia en una persona implica un baremo detallado realizado por profesionales especializados. Estos expertos observan la capacidad de la persona mayor para llevar a cabo de manera autónoma las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Evalúan el nivel de desempeño y la necesidad de apoyo o supervisión en la realización de cada tarea, siguiendo criterios establecidos.
2.2. PROTECCIÓN LEGAL DE LA PERSONA MAYOR DEPENDIENTE
El abordaje de los desafíos del envejecimiento tuvo sus cimientos con la aprobación del Plan de Acción sobre el Envejecimiento durante la Primera Asamblea Mundial de Viena en 1982 auspiciada por las Naciones Unidas. Dicha asamblea tenía como propósito establecer un foro de debate sobre el escenario de la nueva realidad demográfica, en la que el envejecimiento de la población afectaba a los países de mayor nivel económico. El objetivo del Plan de Acción era fortalecer la capacidad de los gobiernos y la sociedad civil para abordar eficazmente el envejecimiento de la población y abordar el potencial de desarrollo y las necesidades de dependencia de las personas de edad. Promovió la cooperación regional e internacional e incluyó 62 recomendaciones de acción que abordan la investigación, la recopilación y el análisis de datos, la capacitación y la educación, así como las siguientes áreas sectoriales:
• Salud y nutrición.
• Protección de los consumidores de edad avanzada.
• Vivienda y medio ambiente.
• Familia.
• Bienestar Social.
• Seguridad de ingresos y empleo.
• Educación.