Para prevenir y erradicar el maltrato a las personas mayores, es esencial conocer los factores de riesgo asociados a la víctima, al cuidador/a y a las estructuras institucionales. Algunos de estos factores son:
Dado que la detección temprana es crucial, los profesionales de la salud y servicios sociales han desarrollado estrategias para identificar posibles casos de maltrato. Estas estrategias incluyen entrevistas minuciosas, evaluaciones exhaustivas y observación de signos y síntomas que actúan como alertas. La prevención y la sensibilización son componentes esenciales para abordar el maltrato a las personas mayores en entornos familiares, institucionales o comunitarios.
3.1 TÉCNICAS DE DETENCIÓN DEL MALTRATO A LAS PERSONAS MAYORES
El maltrato a las personas mayores es un problema grave que puede tener efectos devastadores en la salud y el bienestar de las personas afectadas. Para identificar y abordar este problema existen y utilizan una serie de herramientas y cuestionarios, entre ellos:
- Índice de Barthel: concebido en 1955 por Barthel y Mahonney en el Hospital para Enfermos Crónicos de Maryland y publicado en 1965, tiene como objetivo principal evaluar la capacidad de una persona para llevar a cabo las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Esta evaluación es crucial, ya que las personas que dependen en gran medida de estas actividades pueden ser más susceptibles al maltrato. El índice implica realizar una serie de preguntas al paciente sobre su capacidad para llevar a cabo estas actividades. Cada respuesta se valora con un puntaje de 0, 5 o 10 (hasta 15 en ciertos casos), y la puntuación máxima es de 100 puntos (o 90 en el caso de personas que utilizan silla de ruedas). Este instrumento proporciona una medida cuantitativa importante para comprender la autonomía y la capacidad funcional de una persona en su vida diaria.
- Cuestionario Barber: El cuestionario Barber, a pesar de carecer de una historia documentada, destaca por su utilidad como herramienta para detectar el riesgo psicosocial en pacientes. Este riesgo puede aumentar la vulnerabilidad del paciente frente a problemas de salud, siendo las personas mayores con un alto riesgo psicosocial más propensas al maltrato. En este contexto, el cuestionario se utiliza para identificar dicho riesgo, contribuyendo así a la detección temprana de posibles situaciones de maltrato.
- Cuestionario Zarit: El cuestionario de Zarit, también conocido como Zarit Caregiver Burden Interview, desarrollado por Steven H. Zarit, tiene como objetivo evaluar el impacto de las responsabilidades de cuidado en la vida de los cuidadores. Este cuestionario incorpora las responsabilidades de cuidado en la rutina diaria del cuidador y ayuda a identificar el riesgo de cometer actos de maltrato, ya sea de forma intencional o no. Consta de 22 ítems y se enfoca en evaluar el grado de sobrecarga que experimenta el cuidador. Su aplicación proporciona información valiosa sobre la carga emocional y física que enfrenta el cuidador, lo que puede ser crucial para prevenir situaciones de maltrato y ofrecer el apoyo necesario.
- Test de Pfeiffer: El Test de Pfeiffer, también conocido como Short Portable Mental Status Questionnaire (SPMSQ), es un breve cuestionario de diez preguntas diseñado para evaluar la memoria a corto y largo plazo, el conocimiento de hechos cotidianos, la capacidad de cálculo y la orientación en las personas mayores. Su objetivo principal es identificar el deterioro cognitivo, lo que puede ser fundamental para detectar posibles situaciones de maltrato. Las personas con problemas cognitivos pueden tener dificultades para protegerse o buscar ayuda, por lo que la aplicación de este test puede ayudar en la detección temprana de riesgos y la implementación de medidas preventivas adecuadas.
Las herramientas mencionadas, como el Índice de Barthel, el Cuestionario Barber, el Cuestionario de Zarit y el Test de Pfeiffer, son fundamentales para identificar y prevenir el maltrato a las personas mayores. Estas herramientas no solo sirven como evaluaciones clínicas, sino que también desempeñan un papel crucial en la detección temprana de riesgos y la aplicación de medidas preventivas adecuadas.
Es importante subrayar que la responsabilidad de prevenir el maltrato no recae únicamente en los profesionales de la salud, sino que también involucra a toda la comunidad. Desde una perspectiva legal, es fundamental recordar que el maltrato a las personas mayores constituye un delito, y las leyes están diseñadas para proteger a esta población vulnerable, brindando recursos tanto a las víctimas como a sus familias.
Además de los cuestionarios y tests previamente mencionados, existen otras herramientas fundamentales para la detección y prevención del maltrato a las personas mayores, tanto en entornos institucionales como no institucionales. Algunas de estas herramientas incluyen:
- Índice de Sospechas de Abuso de Ancianos (EASI): Este cuestionario, desarrollado por Yaffe, es una herramienta de fácil uso para detectar el riesgo de maltrato en ancianos sin deterioro cognitivo. Incluye cinco preguntas de opción múltiple y una pregunta para que el profesional valore la existencia de signos de maltrato. Es importante tener en cuenta que debido a su limitada sensibilidad y especificidad, este cuestionario solo puede generar sospechas de abuso, ya que carece de la validez diagnóstica necesaria para confirmarlo.
- Hwalek-Sengstock (H-S/EAST): Compuesto por 15 preguntas, diseñado para detectar posibles situaciones de abuso o negligencia en personas mayores. Este instrumento tiene el propósito de identificar, sin establecer un diagnóstico definitivo de abuso, aquellas personas mayores que podrían estar en riesgo de experimentar estas situaciones. Se centra en:
o Violaciones evidentes de los derechos personales o abuso directo.
o Características del anciano que lo hacen vulnerable al abuso.
o Características de una situación potencialmente abusiva.
- Escala de Detección de Vulnerabilidad al Abuso (VASS): adaptación del test HS/EAST diseñada para realizar una evaluación rápida de la situación de las personas mayores. Esta escala aborda cuatro dimensiones distintas: vulnerabilidad, coerción, dependencia y depresión. Consta de 10 preguntas pertenecientes al Test H-S/EAST y 2 cuestiones añadidas. Una puntuación de 3 o más indica una mayor vulnerabilidad al abuso.
- Breve evaluación de abuso para personas mayores (BASE): herramienta de detección rápida para identificar a personas mayores en riesgo de abuso, centrándose en abuso emocional y financiero, así como negligencia. Su administración lleva aproximadamente 12-15 minutos y no utiliza un sistema de puntuación específico. Sin embargo, si se observa alguna de las siguientes situaciones, se recomienda derivar al paciente a servicios sociales:
o Presencia de evidencia de maltrato sin una explicación clínica adecuada.
o Queja subjetiva de maltrato por parte de la persona mayor.
o Evaluación médica que indique un alto riesgo o probabilidad de abuso, negligencia, explotación o abandono.
- Evaluación de abuso del cuidador (CASE): herramienta que se emplea para evaluar el riesgo de abuso por parte del cuidador en situaciones de dependencia de una persona mayor. Contiene 8 ítems que evalúan la posibilidad de maltrato psicológico o abandono por parte del cuidador principal. Las respuestas positivas suman 1 punto, y un resultado igual o superior a 4 indica un posible caso de maltrato.
La versión española de esta escala ha mostrado ser válida y fiable, siendo fácil de completar sin requerir justificación de las respuestas. No obstante, al igual que con la Escala EASI, es importante tener en cuenta que estas pruebas poseen limitaciones en cuanto a su sensibilidad y especificidad. Esto significa que pueden generar sospechas de abuso, pero no cuentan con la validez diagnóstica suficiente para confirmarlo.
3.2 PREVENCIÓN, SENSIBILIZACIÓN Y APOYO A LAS VICTIMAS
En España, diversas asociaciones se dedican a velar por el bienestar y la calidad de vida de la población mayor. Entre ellas, las más relevantes son la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG) y el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO). La conciencia sobre la existencia de maltratos hacia las personas mayores es relativamente reciente en los ámbitos profesionales. Solo en los últimos años ha surgido una creciente conciencia social sobre este asunto tan delicado.
Un hito importante en este reconocimiento fue la inclusión de la violencia contra las personas mayores en la II Asamblea Mundial del Envejecimiento (Madrid 2002) de las Naciones Unidas, donde se presentó un informe al respecto. Paralelamente, la Red Internacional para la prevención del maltrato en el anciano (INPEA), con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud (OMS), publicó el informe "Voces ausentes", que se ha convertido en un referente para la puesta en marcha de procesos de investigación-acción en muchos países del mundo, proporcionando una abundante base a partir de la cual se pueden generar muchos futuros proyectos de investigación. Es importante recordar que dicho informe se inició en Argentina, Brasil, La India, Kenia y el Líbano; más tarde, se incorporaron al proyecto a través de vínculos profesionales de la OMS, miembros directivos de INPEA y HelpAge Internacional.
En una fase posterior, otros tres países: Canadá, Austria y Suecia, se ofrecieron para participar en el proyecto a su propia costa y respaldar los propósitos y objetivos establecidos. Dicho documento hace una serie de recomendaciones para configurar una estrategia global que dé respuesta al problema de los malos tratos hacia las personas mayores, entre ellas:
- Crear y difundir un método de investigación para estudiar la violencia contra los ancianos.
- Diseñar y validar un instrumento de detección y evaluación para los profesionales sociales y sanitarios que trabajan en el ámbito comunitario.
- Elaborar material didáctico dirigido a profesionales para un correcto abordaje del problema.
- Movilizar a la sociedad civil mediante campañas de sensibilización que generen cambios de actitud hacia las personas mayores y, sobre todo, hacia los malos tratos.
Tanto el Instituto de Mayores y Servicios Sociales como la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología han asumido estas recomendaciones. Desde el año 2002, mantienen una colaboración activa que ha dado frutos significativos, siguiendo la secuencia propuesta por la OMS. Sin duda, es fundamental reconocer el valor de las estrategias preventivas en la reducción de la incidencia del maltrato hacia las personas mayores. La prevención es una parte esencial de cualquier enfoque integral de atención a la salud geriátrica y el bienestar de las personas mayores. Algunas estrategias preventivas efectivas serian:
- Educación y Sensibilización: Desarrollar programas de formación dirigidos a profesionales de la salud, cuidadores y la comunidad en general. Esto aumentará la conciencia sobre el maltrato hacia las personas mayores y promoverá una cultura de respeto y cuidado.
- Evaluaciones de Riesgo: Realizar evaluaciones periódicas en personas mayores para identificar posibles signos de maltrato, utilizando herramientas de detección y capacitando al personal en su uso.
- Intervención Temprana: Establecer protocolos de intervención temprana en caso de sospecha de maltrato, involucrando a trabajadores sociales y expertos en derecho social para garantizar la seguridad de la persona mayor.
- Apoyo a Cuidadores: Brindar apoyo y recursos a los cuidadores familiares y profesionales, ya que el agotamiento de los cuidadores a menudo contribuye al maltrato involuntario.
- Redes de Apoyo Comunitario: Fomentar la creación de redes de apoyo comunitario para las personas mayores, que incluyan grupos de ayuda, servicios de transporte y actividades sociales que promuevan la inclusión y el bienestar.
Estas estrategias son fundamentales para garantizar el bienestar y la seguridad de las personas mayores, además de promover una sociedad más consciente y protectora.
La unión hace la fuerza
3.3 MARCO LEGAL Y POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL MALTRATO
En nuestro sistema legal, las normas relativas a la protección de las personas les confieren derechos y aseguran que puedan ejercerlos de manera adecuada en un entorno pacífico que les permita tomar decisiones de acuerdo con su voluntad. En España, al igual que en Europa, se han establecido diversas políticas y marcos legales con el objetivo de garantizar la seguridad de las personas mayores y prevenir cualquier forma de maltrato o discriminación.
Para mostrar esto en el contexto de España, podemos mencionar los siguientes artículos de la Constitución Española y las leyes fundamentales de protección de ámbito nacional:
- Constitución Española:
o Artículo 9: Este artículo compromete a los poderes públicos a promover las condiciones que hagan efectiva la libertad e igualdad, eliminando obstáculos que impidan su pleno ejercicio y fomentando la participación de los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social.
o Artículo 10: Reconoce los derechos fundamentales de la persona como el fundamento del orden político y la paz social. Incluye la dignidad de la persona, derechos inviolables inherentes, el libre desarrollo de la personalidad y el respeto a la ley y a los derechos de los demás.
o Artículo 15: Garantiza el derecho a la integridad física y moral, prohibiendo de manera categórica la imposición de torturas, penas, o tratos inhumanos o degradantes.
o Artículo 18: Asegura la protección de los derechos al honor, la intimidad personal y familiar, y la propia imagen, fundamentales en situaciones que involucren maltrato.
o Artículo 43: Garantiza el derecho a la protección de la salud de todos los ciudadanos, estableciendo la responsabilidad de los poderes públicos en la organización y promoción de la salud pública.
o Artículo 49: Establece que las autoridades públicas implementarán una política que abarca la atención integral de personas con discapacidades físicas, sensoriales y psíquicas, asegurando sus derechos constitucionales.
o Artículo 50: Establece el deber de las autoridades públicas de garantizar a los ciudadanos en su tercera edad una suficiencia económica a través de pensiones apropiadas y actualizadas regularmente, además de promover su bienestar a través de servicios sociales que atiendan sus necesidades específicas en áreas como salud, vivienda, cultura y ocio.
- Leyes fundamentales de protección:
o La Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la autonomía personal y atención a personas en situación de dependencia: Conocida como la "Ley de Dependencia", es un marco legal fundamental que ha transformado la manera en que se abordan los derechos y necesidades de las personas en situación de dependencia en España. Esta legislación representa un hito crucial en la protección y promoción de la autonomía personal, garantizando igualdad en el ejercicio del derecho ciudadano a una atención adecuada.
La creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, en colaboración con todas las Administraciones Públicas, y la garantía por parte del Estado de un contenido mínimo de derechos para todos los ciudadanos en el territorio español, reflejan un enfoque coordinado y descentralizado para abordar las complejas demandas de este grupo de la población.
La implementación de un sistema de baremación en la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia conforme al Real Decreto 174/2011, se encarga de objetivar la situación de dependencia y clasificarla en diferentes grados y niveles. La Resolución de 13 de julio de 2012 representa un momento relevante, ya que en esa fecha los niveles desaparecen, quedando únicamente la división en grados. Este cambio en la clasificación contribuye a simplificar el proceso de evaluación y asignación de recursos, centrándose en la determinación de los grados de dependencia de manera más clara.
La adopción de este sistema de baremación permite una asignación más precisa de ayudas y servicios, constituyendo así un avance significativo hacia una atención más personalizada y eficaz. Al evaluar la situación de dependencia de manera objetiva, se facilita la identificación de las necesidades específicas de cada beneficiario, lo que posibilita la provisión de servicios adaptados a su situación particular.
La ley asegura a las personas en situación de dependencia el acceso a una amplia gama de servicios y prestaciones, que van desde el apoyo en actividades cotidianas hasta la provisión de cuidados a largo plazo. Entre estos servicios se incluyen la teleasistencia, ayuda a domicilio, atención a las necesidades del hogar, y servicios residenciales, proporcionando un abanico completo de opciones para satisfacer las necesidades específicas de cada individuo.
En lo que respecta a la financiación, la Ley de Dependencia se sustenta en tres fuentes principales:
- Presupuestos Generales del Estado: El gobierno central desempeña un papel fundamental al proporcionar una parte significativa de los fondos necesarios para financiar los servicios y prestaciones contemplados en la Ley de Dependencia. La asignación de recursos a través de los Presupuestos Generales del Estado refleja el compromiso a nivel nacional de respaldar la atención y cuidado de las personas en situación de dependencia.
- Contribuciones de las Comunidades Autónomas: Las comunidades autónomas en España también desempeñan un rol crucial en la financiación de la Ley de Dependencia. De hecho, la financiación se distribuye de manera equitativa, siendo compartida en un 50% entre el Estado y las comunidades autónomas. Esta colaboración financiera garantiza una cobertura más amplia y adaptada a las diversas realidades y necesidades regionales, fortaleciendo así la implementación efectiva de la ley en todo el territorio español.
- Participación económica de los propios beneficiarios: Los beneficiarios de la Ley de Dependencia también tienen una participación económica en los servicios o prestaciones que reciben, la cual se determina según su renta y patrimonio. Es esencial destacar que la cantidad exacta que cada beneficiario debe aportar varía en función de su situación económica personal. Esta medida contribuye a la sostenibilidad del sistema y promueve un enfoque equitativo al considerar la capacidad económica individual de cada beneficiario.
La combinación de estas tres fuentes de financiación asegura un modelo equitativo y sostenible para mantener los servicios y prestaciones ofrecidos en el marco de la Ley de Dependencia. Este enfoque integral garantiza la continuidad de la atención a las personas en situación de dependencia, al mismo tiempo que refleja la colaboración entre diferentes niveles de gobierno y la participación directa de los beneficiarios en el proceso de financiamiento.
La Ley de Dependencia ha sido objeto de debate y revisión constante. Las discusiones han abordado aspectos como la gestión de recursos, el financiamiento de los beneficiarios, la participación ciudadana en la toma de decisiones, y la necesidad de un sistema de evaluación continua para garantizar la eficacia y equidad en la prestación de servicios.
En un contexto más reciente, la modificación del reglamento mediante el Real Decreto 1051/2013, que flexibiliza los requisitos para ser cuidador no profesional, y la mejora de las prestaciones económicas mediante el Real Decreto 675/2023, reflejan el compromiso continuo del Gobierno para adaptarse a las necesidades cambiantes y mejorar la calidad de los servicios prestados en el ámbito de la dependencia. Estos ajustes demuestran una voluntad constante de perfeccionar y fortalecer el sistema, consolidando la posición de la Ley de Dependencia como un instrumento clave en la atención a personas en situación de dependencia en España.
- Estrategia Nacional de Personas Mayores para un Envejecimiento Activo y para su Buen Trato: En 2018, se aprobó una estrategia con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas mayores y promover su envejecimiento activo. La estrategia se sustenta en pilares que promueven la salud, previenen la fragilidad, garantizan un trato digno, brindan asistencia y fomentan la participación en la comunidad:
o Atención sanitaria especializada: Asegurar el acceso de las personas mayores a atención médica de calidad es crucial para la detección y abordaje de situaciones de maltrato. Los signos de maltrato pueden manifestarse a través de problemas de salud física o emocional, por lo que la atención especializada juega un papel fundamental en la identificación y atención de estos casos.
o Atención sociosanitaria: La atención integral a las necesidades físicas y sociales de las personas mayores cobra mayor importancia en casos de maltrato. Los servicios de atención domiciliaria y en centros de día deben estar especialmente capacitados para identificar y actuar ante posibles casos de maltrato, ya que estos entornos pueden ser propicios para el abuso.
o Prevención de la dependencia: La promoción de estilos de vida saludables y la prevención de la dependencia son elementos clave en la lucha contra el maltrato hacia las personas mayores. Fomentar la independencia y la salud física actúa como factor de protección contra el abuso, contribuyendo a crear entornos más seguros y saludables.
o Participación activa: Fomentar la participación activa de las personas mayores en la sociedad adquiere una relevancia especial en la prevención del maltrato. Empoderar a las personas mayores para denunciar posibles abusos y defender sus derechos es crucial en la construcción de comunidades más seguras y respetuosas.
o Investigación y formación: La investigación y formación de profesionales de la salud son esenciales para la detección temprana y atención de casos de maltrato hacia las personas mayores. Identificar indicadores de abuso y capacitar a los profesionales para actuar adecuadamente contribuye significativamente a la protección de este grupo vulnerable.
o Coordinación interinstitucional: La colaboración entre entidades gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil es fundamental para abordar el maltrato hacia las personas mayores de manera efectiva. La coordinación interinstitucional permite una respuesta integral y un sólido apoyo a las víctimas, asegurando que los casos de maltrato se aborden de manera eficiente y completa.
- Código Penal:
En el ámbito del maltrato a las personas mayores, el Código Penal español establece disposiciones legales que pueden aplicarse en casos de violencia contra este grupo vulnerable. Los artículos definen como delito tanto la violencia física como la psicológica dirigida hacia una persona en situación de fragilidad, situación que a menudo afecta a las personas de edad avanzada que son víctimas de maltrato.
En vez de contar con una regulación específica exclusivamente dedicada al "maltrato a personas mayores", se recurre a leyes que abordan cuestiones afines, como la violencia doméstica, las lesiones y la omisión de asistencia, para abordar adecuadamente el maltrato hacia este grupo de población. Entre las normativas más destacadas en este contexto se incluyen:
o Ley 173: Esta ley se centra en los "malos tratos habituales en el ámbito familiar" y se aplica cuando se detectan patrones repetidos de violencia o abuso, incluso en el contexto de personas mayores, con el propósito fundamental de asegurar un entorno seguro y responsabilizar legalmente a quienes maltratan. Establece sanciones de pena de prisión de 6 meses a 24 meses.
o Ley 153: se enfoca en la "violencia física o psicológica contra personas vulnerables". En el contexto del maltrato a personas mayores, se aplica cuando un adulto mayor, considerado vulnerable, es víctima de abuso físico o psicológico. Su propósito es brindar protección y sancionar a quienes cometen el maltrato.
o Ley 163: Este artículo no entra en detalles específicos sobre las personas mayores, pero sienta las bases para proteger la libertad de todas las personas. Establece que cualquier acto de detención ilegal, sin importar la edad de la víctima, constituye un delito y se castiga de acuerdo con las penas descritas en el artículo.
o Ley 169: En el contexto del maltrato a personas mayores, el artículo puede aplicarse cuando alguien amenaza a una persona mayor con cometer actos delictivos, como homicidio, lesiones, aborto, privación de libertad, tortura, violación, violación de la intimidada, difamación, robo o afectación del orden socioeconómico.
o Ley 195: Este artículo establece que se considera delito el abandono de una persona que se encuentre en situación de necesidad y que no pueda valerse por sí misma. En el contexto del maltrato a las personas mayores, este artículo puede aplicarse en casos en los que se detecte que una persona mayor está siendo víctima de abandono y no se toman medidas para protegerla.
- Plan de Acción para la Prevención y Erradicación del Maltrato a las Personas Mayores: este plan, cuyo enfoque se centra en la prevención y erradicación del maltrato a las personas mayores en España, fue respaldado por el Congreso a través de una proposición no de ley. Dentro de las propuestas para este plan, se incluían:
o Generación de estadísticas actualizadas sobre casos de maltrato.
o Provisión de información detallada sobre los tipos de maltrato.
o Atención telefónica disponible las 24 horas. para las personas mayores.
o Implementación de medidas específicas para el seguimiento.
o Apoyo a las víctimas de mayor edad.
o Elaboración de un protocolo de acción dirigido a los profesionales.
- Estrategia de Promoción del Envejecimiento Activo y Saludable: Esta estrategia, aprobada en 2017, tiene como objetivo promover el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores, fomentando su participación en la sociedad y su acceso a los servicios de salud.
- Ley de enjuiciamiento civil sobre la capacidad de las personas: esta norma implica involucrarse en casos judiciales que afectan el interés público o tengan un impacto en menores, personas con incapacidad o en situación de vulnerabilidad, hasta que se establezcan las formas convencionales de representación legal.
- Ley de Protección Integral contra la Violencia de Genero: La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, es relevante no solo en el contexto de la violencia de género, sino también en lo que respeta al maltrato a personas mayores. En particular, el maltrato hacia las personas mayores puede agravarse debido a estereotipos relacionados con la edad y estar condicionado por diversos factores personales, económicos, psicológicos y relacionales que existen entre el agresor y la víctima.
Las estadísticas revelan la gravedad de este problema, con un número significativo de mujeres mayores enfrentando una doble discriminación debido a su género y edad. Esta situación a menudo resulta en que la violencia de género contra ellas pase desapercibida.
Lamentablemente, las mujeres mayores que sufren violencia tienden a buscar menos servicios de ayuda en comparación con las víctimas menores de 65 años, en parte debido a la falta de reconocimiento como víctimas y a las dificultades para solicitar asistencia o presentar denuncias.
Además, las mujeres mayores son más vulnerables desde una perspectiva económica, lo que las expone a situaciones de pobreza, falta de vivienda y la posibilidad de perder relaciones familiares si denuncian el abuso por parte de sus parejas. Por tanto, es fundamental que las políticas públicas y los recursos de asistencia a las víctimas aborden esta cuestión considerando la edad, así como teniendo en cuenta la diversidad cultural y las particularidades geográficas.
Ley y pena
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