Desde estas fechas el sector público era propietario del 70% de las camas hospitalarias disponibles y dio empleo casi al 80% de los médicos de los hospitales y prácticamente al 100% de las enfermeras tituladas en aquel momento. De hecho, ésta es una de las características distintivas más destacadas del sistema español actual y explica por qué la inmensa mayoría de los servicios de atención sanitaria son de titularidad pública, así como la elevada proporción de empleados públicos que se da entre el personal sanitario.
Hasta 1977 la asistencia sanitaria de la Seguridad Social estuvo encomendada al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, entre 1977 y 1981 se creó el nuevo Ministerio de Sanidad y Seguridad Social y desde 1981 pasó a ser Ministerio de Sanidad. La gestión de las redes públicas de centros y servicios sanitarios correspondió al INP hasta 1978, mientras que desde este año y hasta 2002 estuvo en manos del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), máxima autoridad en la gestión de la asistencia sanitaria en el país, pese a que dependía jerárquicamente del Ministerio correspondiente. A finales de la década de los 70, el desequilibrio entre la moderna red de hospitales y la incompleta red de atención primaria era abrumador a favor de la primera, tanto en términos de presupuesto como en lo referente a las infraestructuras y a los recursos humanos. Su organización estaba muy fragmentada, ya que las responsabilidades se repartían entre distintos departamentos del Estado y, en general, carecía de una escasa coordinación.
Históricamente los servicios de Salud Pública, cuya creación se remonta a 1855, han sido competencia del gobierno central y en particular del Ministerio de la Gobernación (actual Ministerio del Interior). El papel del gobierno en este campo se centraba en los problemas de salud que afectaban a la población en general, dejando los problemas individuales en manos de las redes de asistencia sanitaria descritas. Este sistema de salud pública contaba inicialmente con el complemento de una red de hospitales u hospicios, propiedad de los Ayuntamientos o de las Diputaciones Provinciales, que se dedicaban a la asistencia sanitaria de la beneficencia y al tratamiento de enfermedades infecciosas. La actividad de estas instituciones se redujo progresivamente conforme los centros de la seguridad social adquirían una función fundamental en la prestación de la asistencia sanitaria. La excepción era la atención a la enfermedad mental, que siguió prestándose en su mayor parte en hospitales psiquiátricos conocidos como manicomios propiedad de los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales. Otras redes de asistencia sanitaria complementarias eran los hospitales militares pertenecientes al Ministerio de Defensa, los hospitales universitarios que dependían del Ministerio de Educación y los servicios sanitarios penitenciarios cuyo titular era el Ministerio del Interior.