La dependencia ocurre cuando la persona tiene limitaciones en su actividad y hace que precise el apoyo imprescindible de una o más personas para realizar, de forma adecuada, las tareas más elementales, como el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas.
Sin embargo y aunque a veces se utiliza de forma errónea el término discapacidad como sinónimo de dependencia, La Organización Mundial de la Salud define la discapacidad como toda restricción o ausencia (debida a una deficiencia) de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen considerado normal para el ser humano. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, señala en su preámbulo: ...la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con deficiencias y las barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás.
Lo que queda claro es que no todas las personas con discapacidad son dependientes, ni tampoco todas las personas dependientes lo son por una discapacidad.
2. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
En España la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia marca un punto de inflexión en el reconocimiento de los derechos sociales para las personas en situación de dependencia, sus familias y su entorno. A partir de la promulgación de esta ley, la atención a la dependencia se convierte en una prestación de carácter universal e integral y conforma el cuarto pilar del estado de bienestar.
El Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) es el conjunto de servicios y prestaciones económicas destinados a la promoción de la autonomía personal, la atención y protección a las personas en situación de dependencia, a través de servicios públicos y privados concertados debidamente acreditados y contribuye a la mejora de las condiciones de vida de los ciudadanos. Este sistema engloba una serie de servicios y prestaciones que se otorgan a los beneficiarios de la ley en función del grado de dependencia, su situación económica, sanitaria y social.
Sin embargo, las dificultades para la implementación de la ley 39/2006 han sido continuas y notables al implicar a diferentes administraciones, al tratar de legislar el Estado algo para lo que no es competente y dada la importante crisis económica que se produce en España desde 2008.