1.2. MODELO DE FINANCIACIÓN
En el periodo anterior, hasta 2001, el Ministerio de Hacienda establecía el presupuesto para sanidad en virtud de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). Este presupuesto para sanidad era finalista, es decir, el Ministerio de Sanidad administraba la parte correspondiente al territorio todavía gestionado por el INSALUD y a la vez participaba en las negociaciones bilaterales con cada una de las consejerías autonómicas de salud.
Es lógico pensar que el monto de los recursos y la complejidad de las negociaciones diferían mucho dependiendo de la fase en que se encontrara el proceso de transferencia de las competencias.
Las comunidades autónomas que ya habían integrado todas las redes asistenciales en sus servicios regionales de salud estaban acostumbradas al sistema de presupuesto anual incremental propio del INSALUD, pero se encontraban ahora sin el componente de la planificación central. No había ningún techo de gasto explicito, por lo que estaban autorizadas a generar un déficit y trasladarlo al siguiente periodo presupuestario.
La administración central asumía ese déficit como base para el cálculo del próximo incremento, es decir, la diferencia entre el presupuesto vigente y el próximo presupuesto asignado, por lo que el gobierno central estaba obligado a reembolsar esa “deuda”. Al acumularse durante años, este problema, la llamada “deuda histórica”, se convirtió en una exigencia de las CCAA y fue objeto de duras negociaciones.
El argumento utilizado normalmente era que el mecanismo de asignación por el que se determinaba la asignación de fondos no era capaz de tener en cuenta la nueva situación y que algunas economías de escala habían desaparecido con la regionalización del sistema de salud, lo que hacía que la financiación fuera sistemáticamente insuficiente.